Lorenzo Rabal e Isaac Calver, durante su visita a Secastilla.
El presidente de la DPH, Isaac Claver, visitó esta semana Secastilla, donde dio a conocer la convocatoria de 2025 del Plan de Seguridad Rural, que está dotado con 300.000 euros y que se dirige a municipios de menos de 3.000 habitantes, con el fin de que puedan instalar sistemas de videovigilancia.
Claver destacó que «la Diputación va a hacer todo lo posible para que nuestros pueblos sean más activos, vivos y dinámicos, y eso implica un medio rural más seguro».
El alcalde de Secastilla, Lorenzo Rabal, señaló por su parte que «hay un clamor entre los vecinos sobre la necesidad de instalar cámaras de videovigilancia en las entradas y salidas del pueblo ante el auge de delitos relacionados con el cultivo de marihuana en nuestro municipio. Por eso, desde el ayuntamiento vamos a adherirnos a esta línea de subvenciones para instalar esas cámaras con las que poder controlar el flujo de vehículos que acceden a nuestro pueblo».
La finalidad de esta línea de subvención es ayudar a los pequeños municipios en la prevención de delitos, faltas o infracciones relacionadas con la seguridad pública mediante la equipación e instalación de sistemas de videocámaras de seguridad.
El Plan, pionero en Aragón, ya fue un éxito en 2024, cuando 51 municipios optaron a la convocatoria. Por ello, este año la DPH ha ampliado su partida, pasando de los 100.000 euros del pasado año a 300.000. Otra de las novedades es que se amplía el número de beneficiarios, ya que se eleva el umbral de población de 2.000 a 3.000 habitantes.
La ayuda concedida a cada ayuntamiento no podrá superar los 15.000 euros, con un límite del 80 % de la inversión total. La concesión será por concurrencia competitiva, recibiendo más puntuación los municipios con menor población censada.
Serán subvencionables las inversiones realizadas entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2025, tanto en la compra e instalación de sistemas fijos de videovigilancia, como en la obra civil necesaria para su puesta en marcha: acometida eléctrica, conexión a la red de datos, etc.
Otra de las novedades del Plan es que, este año, no será necesario contar con la autorización favorable de la Delegación del Gobierno en Aragón para la instalación de las videocámaras, aunque sí se deberá acreditar que se ha iniciado el procedimiento correspondiente. Cabe recordar que el visionado y tratamiento de las imágenes solo podrá ser realizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
