Imagen de la primera de las movilizaciones llevada a cabo este pasado miércoles en Sariñena.
El comité de empresa de la Comarca de Los Monegros ha mostrado su “profunda disconformidad” con las últimas declaraciones del presidente comarcal, Pedro Manuel Loscertales, y sostiene que la imagen de diálogo trasladada por Presidencia “no se ajusta a la realidad de la situación que atraviesa la plantilla”.
El comunicado llega después de la primera concentración celebrada esta semana ante la sede comarcal de Sariñena, con la que los trabajadores iniciaron un calendario de movilizaciones para reclamar mejoras laborales y salariales. A aquella protesta acudieron, para sorpresa del propio comité, Loscertales y la vicepresidenta comarcal, Carmen Soto, que se situaron entre los trabajadores. El presidente tomó además la palabra para defender que los problemas pendientes no obedecen a una falta de voluntad política, sino fundamentalmente a una falta de recursos.
Desde entonces, Presidencia ha insistido en su apoyo a las reivindicaciones de la plantilla y ha vinculado buena parte de las mejoras pendientes a la capacidad económica de la institución y a una mayor financiación por parte del Gobierno de Aragón. La Comarca sostiene que ya trabaja en medidas como la compensación de determinados desplazamientos y la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, adjudicada el pasado mes de julio por 42.863 euros y cuya aplicación podría alcanzar el medio millón.
El comité ofrece ahora una versión muy distinta. En su comunicado asegura que “no existe una disposición real al diálogo” y afirma haber remitido “numerosas propuestas y proposiciones formales” sin recibir respuesta. Según señala, las comunicaciones de los representantes de los trabajadores estarían siendo “ignoradas sistemáticamente”.
También denuncia que las mesas de negociación permanecen, en la práctica, bloqueadas. Según el comité, la respuesta de la administración a buena parte de los asuntos planteados se limita reiteradamente a un “ya lo estudiaremos”, sin que posteriormente se concreten avances ni soluciones.
La representación de los trabajadores critica además la forma en la que se convocan algunas reuniones y sostiene que, cuando no existe acuerdo, se estaría recurriendo a la aprobación mediante decreto. A su juicio, esta dinámica “vacía de contenido la negociación colectiva y el derecho de participación de los trabajadores”.
Uno de los puntos en los que vuelve a poner el foco el comité es la situación de determinados colectivos, especialmente las auxiliares de Ayuda a Domicilio. Denuncia “situación de precariedad”, desigualdades en el salario base dentro de una misma categoría, falta de reconocimiento de derechos como los trienios y carencias en prevención de riesgos.
El comité relaciona además estas condiciones con la marcha de profesionales hacia otras comarcas, una cuestión que ya había denunciado durante la primera concentración. En su nuevo comunicado asegura que esta realidad está provocando una “fuga de profesionales” y dificultando la estabilidad de los equipos.
Frente a estas críticas, Presidencia mantiene que durante la legislatura sí se han producido avances en las condiciones de la plantilla y que existe voluntad de seguir mejorándolas. Entre las medidas citadas por la Comarca figuran la jornada de 35 horas, procesos de estabilización, la reclasificación profesional del personal de las escuelas infantiles y avances en la equiparación salarial entre técnicos.
También reconoce que el reconocimiento de los trienios es una de las principales reivindicaciones pendientes. La Comarca cifra su coste en alrededor de 400.000 euros anuales y asegura que el equipo de gobierno tiene intención de avanzar en su aplicación, aunque condiciona esa medida a una mejora de la financiación autonómica.
Loscertales sostiene además que la situación financiera de la institución condiciona su margen de actuación. La Comarca cifra en unos 360.000 euros el déficit existente solo en educación de adultos, escuelas infantiles y deportes y asegura que debe destinar recursos propios a sostener estos servicios, lo que limita su capacidad para afrontar otras mejoras laborales.
La institución ha pedido por ello a los trabajadores y al resto de grupos políticos que sumen fuerzas para reclamar al Gobierno de Aragón una financiación que cubra el coste real de los servicios transferidos. Presidencia incluso ha registrado una moción para exigir más recursos y buscar una posición común ante el Ejecutivo autonómico.
El comité, sin embargo, insiste en que el problema no es solo económico. En su comunicado sostiene que las declaraciones del presidente “no reflejan las dificultades reales de la plantilla ni la falta de voluntad negociadora que este Comité experimenta en el día a día”.
Por ello, exige a Presidencia que “asuma la responsabilidad de su cargo, restablezca un diálogo real y se siente a negociar de buena fe” soluciones para los problemas que, según advierte, afectan no solo a los trabajadores, sino también a la calidad de los servicios públicos.
