Imagen de archivo del secretario-interventor y del presidente de la Comarca.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón así como los de las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza respaldan el procedimiento seguido por la Comarca de Los Monegros en la convocatoria de las juntas generales de la empresa pública Monegros Servicios Medioambientales y descartan la supuesta «usurpación de funciones» denunciada por el secretario-interventor.
La institución comarcal ha querido dejar claro que el proceso se ajustó a la legalidad vigente. «Ni se ha cometido delito de usurpación de funciones públicas, ni los acuerdos adoptados en las juntas de esta empresa pública, ni las propias sesiones incurren en el vicio de nulidad radical. Al menos es la opinión de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, de las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza y de un gabinete privado consultado por la Comarca», ha declarado el presidente comarcal, Pedro Loscertales.
El origen de la polémica está en un informe emitido por el secretario-interventor, remitido a los 25 consejeros comarcales, en el que advertía de posibles irregularidades en las juntas celebradas al haber carecido de su presencia y asistencia legal. En su opinión, esta circunstancia invalidaría los acuerdos adoptados y podría constituir una «aparente usurpación de funciones». Además, vinculaba esta situación con una falta de control económico.
El presidente ha explicado que, tras la suspensión de la convocatoria del 29 de mayo, motivada por «las graves acusaciones vertidas por el secretario-interventor», tanto él como el presidente de la empresa Monegros Servicios Medioambientales solicitaron informes jurídicos a distintas instituciones. «Todos los informes solicitados avalan la legalidad de la convocatoria de la Junta General Ordinaria para aprobar las cuentas anuales», ha subrayado Loscertales. La reunión, finalmente, tuvo lugar el pasado 9 de julio, con el mismo objetivo previsto para mayo.
Loscertales lamenta «la alarma social creada, creemos que interesada por parte de algún grupo político, al filtrar el documento enviado por el secretario-interventor a los consejeros comarcales. Si tres gabinetes jurídicos públicos y uno privado validan el procedimiento seguido, ni los consejeros han incurrido en nulidad de pleno derecho, ni mucho menos se ha producido usurpación de funciones y evasión del asesoramiento legal».
En este sentido, recuerda el presidente de la Comarca de Los Monegros que la Junta General de Monegros Servicios Medioambientales solo acuerda la aprobación de las cuentas mercantiles del ejercicio anterior. «El presupuesto de cada ejercicio de esta empresa pública como el del resto de áreas, se aprueba en consejo comarcal y siempre con los informes de secretaria-intervención correspondientes», ha dicho. De hecho, puntualiza, «le corresponde al secretario interventor la función contable de control interno y control financiero de la sociedad pública, algo que se viene haciendo desde la creación de Monegros Servicios Medioambientales».
