Vista del municipio de Robres desde La Pajera.
El Ayuntamiento de Robres ha presentado una batería de doce alegaciones contra el proyecto del Gobierno de Aragón para rediseñar las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, al considerar que la medida supone una «imposición» que amenaza la viabilidad del sector primario en el territorio. El consistorio reclama la nulidad de la propuesta y rechaza que el 98,95% de la superficie del municipio quede incluida dentro de esta catalogación.
La normativa nace de la aplicación de la directiva europea sobre nitratos, una regulación que obliga a los estados miembros a identificar las zonas donde las aguas pueden verse afectadas por la contaminación derivada de la actividad agraria y ganadera. En Aragón, el Gobierno autonómico trabaja en una revisión y ampliación del mapa vigente.
La declaración de zona vulnerable implica limitaciones en la aplicación de fertilizantes nitrogenados, controles más estrictos sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas y la obligación de cumplir planes específicos de abonado y gestión. El debate ha generado preocupación en amplias zonas rurales de Aragón, donde agricultores y ganaderos temen un aumento de costes y nuevas trabas burocráticas.
En el caso de Robres, el Ayuntamiento sostiene que la propuesta no tiene en cuenta la realidad concreta del municipio ni sus características geológicas y agronómicas. El alcalde, Álvaro Domec, considera «enormemente peligroso» que las políticas agrarias se diseñen «desde despachos alejados del territorio», sin conocer las particularidades climáticas y productivas de zonas como Los Monegros. A su juicio, aplicar este tipo de medidas de manera generalizada puede poner en riesgo la continuidad del modelo agrícola y ganadero que sostiene la economía local.
El documento de alegaciones presentado por el consistorio defiende además que los datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Ebro sitúan los niveles de nitratos de la zona por debajo de los umbrales de alerta y subraya que el terreno, formado por arcillas, limos y yesos de baja permeabilidad, actúa como una barrera natural frente a posibles filtraciones.
El Ayuntamiento también cuestiona el límite de 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año para fertilizantes orgánicos, al entender que resulta insuficiente para explotaciones de regadío con dobles cosechas, como ocurre en parte del término municipal. Según argumenta, restringir el uso de purines generados por las propias granjas obligará a muchos agricultores a recurrir a fertilizantes químicos externos, incrementando costes y contradiciendo, a su juicio, los principios de economía circular que promueve la propia Unión Europea.
Asimismo, el consistorio critica que el proyecto no incluya un estudio detallado sobre el impacto económico que estas restricciones pueden tener en agricultores y ganaderos. Por ello, reclama la exclusión completa de Robres del nuevo mapa de zonas vulnerables y pide una revisión «más ajustada a la realidad del territorio».
