Crecen las voces crí­ticas frente a los nuevos parques eólicos

Los regantes de Lasesa muestran su preocupación.

Hay 170 propietarios afectados de forma directa.
Hay 170 propietarios afectados de forma directa.

Los nuevos parques eólicos proyectados en Los Monegros generan cada vez más inquietud entre aquellos que han apostado por vivir en el medio rural. Algunos alcaldes del territorio ya han expresado sus dudas y además, hace tan solo unos días la creciente preocupación desembocó en la organización de una reunión vecinal en Sariñena. A ello, hay que sumar ahora las críticas surgidas entre los agricultores de la zona, que ven amenazada la viabilidad de sus tierras e hipotecado su futuro.

La comunidad de regantes Lasesa, que tiene su sede en Sariñena y es la más extensa de la provincia de Huesca, con 9.700 hectáreas y casi 500 propietarios, también ha mostrado su preocupación. Para el colectivo, la agricultura de regadío, clave para el desarrollo socioeconómico del territorio, quedará diezmada por la construcción de los al menos diez parques eólicos previstos en esta zona, que afectarán a diferentes municipios como Sariñena, Villanueva de Sijena, Sena, Castejón de Monegros, Lalueza, Lanaja y Poleñino. De ellos, cuatro están en la zona regable de Lasesa y de forma directa, afectan a 170 propietarios y sus familias.

Estos cuatro parques eólicos han sido bautizados con el nombre de Polaris, Alcione, Propus y Ain. Suman 198 MW de potencia nominal, procedentes de 36 aerogeneradores de 5,5 MW cada uno, de cerca de 200 metros de altura y otros 150 en círculo horizontal, que afectarán a 211 parcelas de regadío y a 50 caminos.

Los proyectos se encuentran en exposición pública y deben superar la evaluación de impacto ambiental que, por la estrategia de tramitación que presentan, tendrá que aprobar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el supuesto que la evaluación fuera positiva, los parques eólicos se declararían de interés público y se procedería a la expropiación de los terrenos o la imposición de servidumbres allí donde se coloquen los aerogeneradores, las líneas de evacuación subterráneas, los apoyos y líneas eléctricas aéreas así como la subestación proyectada.

Independientemente de los más de 170 propietarios afectados que están valorando presentar alegaciones, la Comunidad de Regantes Lasesa como entidad de derecho público está estudiando su posicionamiento acerca de los cuatro proyectos en exposición pública. Su presidente, Fernando Regaño, señala que «la comunidad de regantes la componen familias. Todas estamos a favor del desarrollo de las energías renovables y si es en nuestro término municipal mejor. Ahora bien, estos proyectos no deben ser en zonas de regadío porque hipotecan el futuro próximo, no sólo de las familias directamente afectadas sino de una zona productora de alimentos que tiene encargada, según la FAO, intentar duplicar la producción en los próximos 30 años sin incrementar el consumo de agua».

A su juicio, «lo preocupante del procedimiento es que se evalúa la afección a los grillos o a los murciélagos, pero no a las familias rematándose con la petición de fuerza y el apoyo público para defender exclusivamente los intereses particulares y muy corto plazo de un promotor solo porque en el regadío la obra civil le sale más barata».

En este sentido, Regaño añade que «tendremos limitaciones para la instalación de granjas, para una futura modernización o para laborar determinados cultivos». También para poder apostar en un futuro por «la plantación de leñosos -como olivos, chopos o almendros- por la construcción de invernaderos, de explotaciones ganaderas, agroindustriales e incluso instalaciones energéticas de autoconsumo que permitan producir con menos coste».

La propia evaluación de impacto ambiental que Forestalia Renovables ha presentado reconoce que «la agricultura, donde se produciría las principales superficies de ocupación, podría verse afectada negativamente» pero propone que «los aerogeneradores se podrían potenciar como un recurso educativo para escuelas, institutos, universidades…» para que su presencia no suponga una reducción de «la afluencia de visitantes a la zona».

En 2011, la comunidad de Lasesa puso en servicio su propio embalse de autoabastecimiento con una capacidad cercana a los 10 hm3 y una inversión de 22 millones de euros. Recientemente ha puesto en marcha también la fase I de una instalación de autoconsumo fotovoltaico, que está construida, eso sí, en tierras de secano. En este tiempo, sus agricultores han logrado alcanzar las dobles cosechas rotando cereales como el maíz y la cebada con hortícolas, leguminosas y forrajes y han apostado además por importantes plantaciones de frutales, olivos y almendros.

Pese a este esfuerzo inversor realizado en buena parte con ayudas públicas, en una clara apuesta por el desarrollo socioeconómico del territorio, el promotor minimiza al sector primario al considerar que «en el caso de la subestación y la línea eléctrica podrían generar algunas incidencias negativas en relación con la productividad de las superficies agrícolas y/o forestales afectadas; sin embargo, dada la baja productividad de las mismas este aspecto se considera poco significativo».

Desde la Comunidad de Regantes Lasesa apuntan que en el diseño de los proyectos de construcción de los parques eólicos «parece que tampoco se ha tenido en cuenta la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en Aragón la cual considera que las líneas de actuación definidas en el Plan Aragonés de Cambio Climático serán incorporadas en la legislación, planificación y ejecución de los planes de ordenación del territorio». Por otro lado, ni el PGOU de Sariñena ni Villanueva de Sijena contemplan hoy por hoy la compatibilidad de estas nuevas actuaciones con los usos agrícolas de los suelos.

Los proyectos de los cuatro parques eólicos situados en los regadíos de Lasesa tampoco valoran las afecciones a nueve granjas en explotación y a viviendas aisladas. Las familias de agricultores manifiestan su disconformidad con unos proyectos que lastrarán sus producciones a partir de ahora e hipotecarán el terreno para nuevas inversiones sostenibles promovidas por los propios vecinos. Cuestión fundamental para mantener la población en el medio rural.

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