El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha informado de que la sala de lo civil del Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación interpuestos por la Generalitat de Cataluña, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y el Museo de Lérida contra la sentencia que declaró nulas las ventas de las 97 piezas del monasterio de Sijena y permitió su vuelta al cenobio aragonés. El fallo fue emitido por el juzgado de Instrucción número 1 de Huesca y después, ratificado por la Audiencia Provincial, lo que permitió reactivar el proceso y finalmente, forzar su regreso, ante la reiterada desobediencia de Catauña.
Tras la notificación, que tuvo lugar este pasado martes, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena disponen de 20 días para oponerse, según informa Español, que el pronunciamiento del Tribunal Supremo se dilatará «alrededor de un año».
El letrado asume este nuevo proceso con «total tranquilidad, ya que la sentencia del juzgado oscense y después, la ratificación de la Audiencia Provincial están muy bien trabajadas y además, concuerdan con la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que prohíbe dividir un monumento nacional como es el caso del monasterio de Sijena».
«Tenemos -añade- absoluta confianza en los tribunales de justicia para que pongan fin a este escandaloso episodio de la venta secreta de unos bienes de un monumento nacional que se llevó a cabo sin contar con los permisos de las autoridades competentes y sin que conste en auto pago alguno a unas religiosas catalanas que carecían de potestad sobre los mismos», señala, al resumir algunos de los principales argumentos de la sentencia, que fue dictada en 2015 y finalmente, ejecutada con la intervención de la fuerza pública en diciembre de 2017.
El juzgado número 1 de Huesca declaró nulas las operaciones de compraventa de las 97 piezas de Sijena realizadas en los años 1983, 1992 y 1994, al comprobarse que se llevaron a cabo incumpliendo las normas de patrimonio aplicables, es decir, sin las autorizaciones de las administraciones competentes (Ministerio de Cultura en 1983 y del Gobierno de Aragón en 1992 y 1994) y además, quebrando la unidad del monasterio, declaro Monumento Nacional en 1923 y por lo tanto, conjunto indivisible. A ello, hay que sumar que los contratos fueron firmados por la priora de Valldoreix, Pilar Sanjoaquín, que carecía de potestad legal sobre los bienes del monasterio. Las obras no eran suyas sino de la Comunidad de Sijena.
