Investigados cuatro empresarios por la contratación irregular de inmigrantes para recoger fruta en Los Monegros

La Guardia Civil inspeccionó la finca y de 30 trabajadores, siete carecían de papeles.

 

La inspección de la finca agrícola tuvo lugar el pasado 8 de octubre.

La Guardia Civil investiga a cuatro empresarios por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores al descubrir a siete inmigrantes sin papeles trabajando en una finca agrícola dedicada a la recogida de granadas en la comarca de Los Monegros.

 

Los investigados son cuatro hombres, unos dueños de la explotación y otros responsables de la captación de trabajadores, con edades comprendidas entre los 35 y 69 años y vecinos de la comarca de Los Monegros y de la provincia de Lérida. Las diligencias instruidas fueron entregadas al juzgado de Instrucción número 1 de Huesca y los cuatro empresarios quedaron en libertad con la obligación de presentarse cuando sean requeridos por la autoridad judicial.

 

Dentro del seguimiento para prevenir actividades que puedan vulnerar derechos laborales de personas migrantes, la Guardia Civil detectó una explotación agrícola en la comarca de Los Monegros que podría estar contratando a personas en situación irregular. Y, tras estructurarse la investigación, procedió a su inspección el pasado 8 de octubre, con la participación de agentes del equipo de delitos contra las personas, en coordinación con Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, y apoyo  de  guardias civiles especialistas en criminalística y patrullas de seguridad ciudadana.

 

La finca contaba con 30 trabajadores de diversas nacionalidades y procedentes de diferentes empresas. Y, del total, se pudo comprobar que siete estaban trabajando de manera irregular. Todos ellos varones adultos de nacionalidad marroquí, senegalesa y paquistaní, en estancia irregular y no autorizados a trabajar, y por ello, susceptibles de estar contratados bajo circunstancias de vulnerabilidad.

 

Por todo ello, los agentes procedieron a la investigación de cuatro empresarios por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, al ser los responsables de la explotación agraria y de la captación laboral de las personas irregulares que se encontraban trabajando en la recolecta de frutos, sin las garantías legales establecidas.