La Fiscalía investiga al exinterventor de Sariñena por el supuesto cobro indebido de varios complementos

El alcalde dio traslado tras recibir los informes de Secretaría e Intervención y después, cotejarlos con los servicios de la DPH y un abogado particular.
Imagen de la sesión plenaria en la que se escenificó la ruptura de gobierno entre PSOE y CHA.

Imagen de la sesión plenaria en la que se escenificó la ruptura de gobierno entre PSOE y CHA.

La Fiscalía Provincial de Huesca investiga al exinterventor del Ayuntamiento de Sariñena, Salvador Ariste, por el presunto cobro irregular de una serie de complementos durante los once años que ejerció este cargo de forma accidental, entre 2012 y 2023.

 

El alcalde de Sariñena, Juan Escalzo, elevó la situación a la Fiscalía hace un mes, después de recibir sendos informes de Secretaría y de la actual Intervención y cotejarlos con los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca. También pidió un informe a un abogado externo.

 

El primer edil insiste en que actuó «como responsable del consistorio y en ningún caso, a título personal o como partido político». «A la vista de los informes, y como alcalde, tenía la obligación de dar traslado a la Fiscalía; quién hubiera estado en este momento ocupando el cargo hubiera tenido que seguir los mismos pasos o hubiera incurrido en un delito de prevaricación. No había otra opción», expone.

 

De forma paralela a la vía judicial, el alcalde ha abierto además un procedimiento de reintegro del dinero que legalmente se le puede exigir, es decir, el correspondiente con los últimos cuatro años, que rondaría los 10.000 euros. Además, y según explica el primer edil, ha sido impuesta una medida cautelar que busca impedir el acceso del funcionario a los expedientes administrativos y que deben estudiar como resolver, lo que podría derivar en una suspensión del trabajador. Juan Escalzo explica además que ha mantenido informado de todo el proceso al anterior alcalde del municipio, Francisco Villellas, ya que durante su mandato tuvo el mismo interventor.

 

De acuerdo a los informes, el importe total que el exinterventor pudo cobrar indebidamente ronda los 108.000 euros, que derivan de un complemento de productividad, que debería haberse justificado mes a mes, y una serie de gratificaciones extraordinarias. Asimismo, también está en cuestión el complemento de trienios y el complemento específico asignado al puesto de Auxiliar Administrativo.

 

La situación ha conllevado todo tipo de reacciones, especialmente en las redes sociales. Allí, el propio exinterventor, Salvador Ariste, ha expuesto que su expediente personal y laboral se inició el día 8 de febrero, es decir, el mismo día que su hijo, y actual concejal de CHA, Mascún Ariste, votó en contra de los presupuestos, lo que impidió su aprobación y acabó con la ruptura de su alianza con el PSOE. En su opinión, «mis problemas no son una casualidad, sino una persecución política en toda regla para desprestigiarme a mí y anular la acción política de mi hijo».

 

A ello, Ariste, al que solo le restan unos meses para jubilarse, ha añadido: «Solo puedo decir que tengo la conciencia tranquila. Que en 2011 Lorena Canales le pagaba al interventor 3.500 euros brutos y yo entré en 2012 cobrando 2400 y me he ido doce años después cobrando 3.000. He hecho mi trabajo lo mejor que he podido sin cobrar ningún disparate, así que me defenderé con dignidad para demostrar mi inocencia».

 

La concejala del PSOE, Lorena Canales, que fue alcaldesa del municipio, también ha utilizado las redes sociales para dirigirse a la población, señalando que la investigación «se inició ya el pasado mes de noviembre con la llegada de los nuevos técnicos al Ayuntamiento», dice, en referencia a la secretaria y al interventor, que fueron los que elaboraron los primeros informes de los que deriva el proceso.

 

«Aquí no hay persecuciones ni venganzas personales», reitera. «El rigor y la seriedad debe primar por el interés general, y no de unos pocos. Nosotros como concejales del Ayuntamiento estamos obligados a defender los intereses de la entidad. Y cuando cuatro informes jurídicos y técnicos indican que algo se ha hecho mal durante los últimos 12 años (con todos los responsables de este Ayuntamiento), con la gravedad de los hechos, estamos obligados a ponerlo en manos de la justicia, ya que nosotros no somos quién para decir si es o no un delito. Eso lo determinará la justicia», señala Canales, en el comunicado publicado en sus redes sociales.

 

En esta misma idea, ha insistido el alcalde del municipio, Juan Escalzo: «Ahora, se podrán decir muchas cosas, pero lo cierto que la situación ya está en manos de la justicia y ahora, habrá que esperar a la resolución». Y, por otro lado, y en relación al «desgobierno» del que les acusa PP, PAR y CHA, el primer edil recuerda que «son 5 los concejales del PSOE, es decir, una mayoría simple con la que es posible trabajar sin problemas».