La jornada de este jueves ha sido amarga en la localidad de Huerto, donde ha tenido lugar la firma de las actas previas a la ocupación de las fincas agrícolas afectadas por el proyecto de modernización de otra comunidad de regantes (sector X y XI del Canal del Flumen). A diferencia de lo ocurrido un día antes en el pueblo vecino de Salillas, no ha habido concentración ni protesta colectiva, pero sí malestar y enfado, por las formas del proceso y la falta de diálogo, según ha explicado el alcalde del municipio, José Ignacio Asín.
El polémico proyecto plantea la construcción de dos grandes balsas para el almacenamiento de agua así como la instalación de sendas tuberías de doce kilómetros, que afectan a las tierras ya modernizadas de Salillas y Huerto. Y es que se edifican en la cota más alta del canal. En Huerto, las afecciones están en el paso de las tuberías y en total, afectan a más de 50 propietarios.
«Han ido a la vía de la expropiación forzosa, sin diálogo ni consenso», ha insistido Asín, lamentando la situación generada. «Hay muchos vecinos en contra y nuestra obligación moral es estar a su lado, con los propietarios de las tierras y con el sindicato de riegos, ya que creemos que es una injusticia», ha aseverado el edil. Además de las parcelas afectadas, hay una explotación de madres de porcino que se queda entre las dos balsas de riego, mermando sus accesos y ventilación. También denuncian que su productividad podría verse directamente afectada por las afecciones de las grandes obras colindantes.
A lo largo del último año y medio, Salillas y Huerto han mostrado su determinante oposición al proyecto de las Comunidades de Regantes de los sectores X y XI del Flumen, presentando alegaciones con apoyo legal y protagonizando varias concentraciones. Ambas creen «injusto» que se beneficie a unos regantes en detrimento de otros. De hecho, las dos balsas planteadas permitirán que se pueda regar por gravedad las tierras de los primeros, ahorrándose el bombeo y reduciendo el gasto energético.
Desde Salillas, sostienen que la envergadura del proyecto (balsas que inutilizan 45 hectáreas de terrenos de cultivo de regadío y 12 km de una doble tubería de 1.600 mm a través de regadíos modernizados) supondrá la pérdida de viabilidad de muchas explotaciones, además de molestias generadas por insectos a los habitantes, pérdida del paisaje al ubicarse las balsas contiguas al núcleo urbano, etc.
«Los promotores del proyecto se amparan en el interés general, pero de quién», se preguntan. «Solo -responden- de los beneficiarios de los Fondos Next Generation, a costa de perjudicar a otra comunidad de regantes (también declarada de interés general) y a todo un pueblo. No parece que el ahorro de la factura eléctrica de unos regantes sea un interés general. Además de existir otras alternativas más económicas, más sencillas técnicamente y que no perjudicarían a otras comunidades», subrayan.
